La Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) acordó en sesión ordinaria
del lunes 26 de noviembre de 2012 recoger firmas de los colegiados contra la
ley de tasas judiciales estatales (Ley 10/2012 de 20 de noviembre), dado que
supone un obstáculo en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía por
la desproporcionalidad de la tasa estatal que se exige para poder interponer un
procedimiento judicial.
1. La justicia ha sido siempre la gran olvidada por los Gobiernos, pero, a pesar de estos momentos de crisis económica, ahora más que nunca, requiere de propuestas claras realmente dirigidas a desbloquear y aliviar un colapso, cada día más grave, y que provoca una gran inseguridad jurídica e ineficacia.
2. La aprobación de una ley que impone tasas para acceder a la justicia no solucionará los problemas reales de la justicia y además, puede, de facto, obstaculizar el acceso a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental y básico dentro de un Estado de Derecho.
3. Los abogados defendemos los intereses de todos. Por ello, desde la abogacía, no aceptamos que pueda haber una justicia de ricos y una de pobres. Con la ley de tasas judiciales, puede quedar incluso excluida una parte de la sociedad.
4. En Cataluña, además, la aprobación de la ley de tasas supondrá una doble imposición. Será un agravio comparativo.
5. Ante un muy probable empeoramiento de la situación en el ámbito de la justicia, con gravísimas afectaciones al Estado de Derecho, pedimos que se proceda a la inmediata retirada de la ley de tasas judiciales.
Por todo ello, el ICAB está recogiendo las firmas de todos los colegiados que están en contra de la ley de tasas judiciales.
La iniciativa de recogida de firmas parte del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) así como poner a disposición de los colegiados herramientas jurídicas contra las tasas, acciones a las que también se ha sumado el ICAB.
Las dos vías
abiertas actualmente que tenemos los abogados para plantear una oposición sobre
el pago de la tasa judicial en cualquier procedimiento judicial que exija el
pago de la misma son las siguientes:
1. No pagar la tasa y plantear una Cuestión de Inconstitucionalidad
Se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales, en relación con los artículos dedicados a regular las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Esta opción implica la paralización del procedimiento hasta tener la resolución por parte del Juez o Tribunal respecto del planteamiento de la cuestión ante el Tribunal Constitucional, y en su caso, la resolución procedente por parte de dicho Tribunal.
2. Pagar la tasa e interponer Reclamación Económico Administrativa
En este supuesto se paga la tasa para evitar los perjuicios de la paralización de la acción judicial y al mismo tiempo se interpone la reclamación dirigida al Tribunal económico administrativo de la circunscripción territorial correspondiente. Dado que lo que se plantea es la inconstitucionalidad de la norma (art. 245.1), será este tribunal el encargado de declarar la conformidad a derecho de la liquidación de la tasa, y se abrirá de este modo la vía contenciosa administrativa.
Asimismo, la Junta de Gobierno del ICAB se suma al posicionamiento del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña que ha llegado a pedir la dimisión del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque no ha escuchado el clamor unánime en contra de la ley de tasas estatales realizado por parte de todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, procuradores) además de organizaciones de consumidores, asociaciones de víctimas de tráfico, entre otros colectivos.
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