El BOE ha publicado hoy 21 de noviembre
de 2012 la nueva Ley de tasas judiciales, que será aplicable a partir de este
jueves y en virtud de la cual la tasas fijas que habrá que pagar por acudir a
la Justicia oscilarán entre los 100 y los 1.200 euros, cuantías a las que habrá
que sumar un porcentaje de entre el 0,25% y el 0,50% en función del importe
económico de los litigios.
Según el propio texto normativo, que ha
promovido el Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz
Gallardón, la nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, pretende racionalizar
"el ejercicio de la potestad jurisdiccional", al tiempo que resalta
que "aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la
financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica
gratuita". Asimismo, insiste en que la Ley "pone todo el cuidado en
que la regulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no afecte al derecho de
acceder a la justicia".
La diferencia básica de la nueva ley de
tasas es que retira las exenciones que antes tenían las
personas físicas en los ámbitos civil y contencioso, para las que las tasas son
una novedad. Hasta ahora solo eran de aplicación para las empresas con ingresos
superiores a los ocho millones de euros, para las que ahora ha habido un
incremento. Ahora se aplicará a todos, excepto a los beneficiarios de justicia
gratuita (turno de oficio). Además, es la primera vez que se imponen precios en
la jurisdicción social.
De acuerdo con el nuevo marco
regulatorio, las tasas fijas que el ciudadano deberá desembolsar fluctuarán
entre los 150 y los 1.200 euros en el orden jurisdiccional civil. Por ejemplo,
la tasa para un concurso necesario será de 200 euros, mientras que una
apelación costará 800 euros.
En el orden contencioso-administrativo,
las cantidades oscilarán entre los 200 euros de un proceso abreviado a los
1.200 euros de una casación, mientras que en el orden social la suplicación
implicará el pago de una tasa de 500 euros y la casación de 750. Aestas tasas
fijas se añadirán otras variables que serán del 0,5% para los pleitos cuyo
importe económico alcance hasta el millón de euros y del 0,25% para el resto,
con un máximo variable de 10.000 euros.
La nueva Ley, que implica incrementos en las tasas de entre 50 y 750 euros, ha encontrado una fuerte contestación social, política e incluso judicial. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció el martes que el Grupo Socialista recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma por considerar que vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que va a impedir que los ciudadanos sin recursos puedan acudir a los tribunales.
Por su parte, el presidente del
Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ya pidió este
lunes al PSOE que plantease un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva
ley de tasas judiciales, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario
de la oposición con suficientes diputados para formalizar esa impugnación.
Asimismo, la Asociación de Consumidores
Facua ha denunciado que la nueva Ley de Tasas Judiciales aprobada por el
Gobierno establece "una justicia para ricos y otra para pobres" y
señala que el texto "vulnera" el derecho a la tutela judicial efectiva
"sin que en ningún caso se pueda producir indefensión" de acuerdo al
artículo 24 de la Constitución Española, según la asociación.
Las asociaciones de jueces y fiscales
reiteraron el martes su intención de convocar concentraciones para este viernes
ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de cada capital de
provincia en protesta por las reformas legislativas que afectan a su estatuto
profesional, a la carga de trabajo de los tribunales y al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
La ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
administración de Justicia establece en su artículo 9 que la gestión del
tributo corresponde al Ministerio de Hacienda, que a través de una orden
regulará los procedimientos y los modelos para su liquidación.
El subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Bravo, ha anunciado que ha decidido aplazar
"varias semanas" la puesta en marcha de esta medida, hasta que el
Ministerio de Hacienda publique la orden en la que se regulará el procedimiento
de pago y se publiquen los impresos correspondientes y también ha dicho que el
Gobierno comunicará este jueves a todos los secretarios judiciales que
no se practique ninguna liquidación, hasta la publicación de la orden
ministerial que así lo autorice, en sintonía con lo que dice la norma.
Por tanto, no se va a poder hacer efectivo el pago de la nueva norma ya que el Ministerio no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales.
La Agencia Tributaria prevé que antes de final de año esté en
funcionamiento la orden ministerial que pondrá en marcha el cobro de las
nuevas tasas judiciales, reguladas por el Ministerio de Justicia, pero
gestionadas por Hacienda. Fuentes de la Agencia han explicado que se trabaja
con un horizonte temporal del 1 de enero de 2013.
El juez decano de los juzgados de Madrid, D. José Luis González Armengol considera la medida “completamente negativa”.Argumenta que entorpecerá el acceso a la Administración de Justicia y añade, además, que se fija una cantidad al margen de la cuantía del procedimiento y no se tiene en cuenta la capacidad económica del ciudadano que va a litigar.“Entiendo que estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”, sentencia y recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto.
González Armengol recurre igualmente al Tratado de Roma de la UE para sostener su postura. “También se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, afectan también a la normativa comunitaria. La normativa comunitaria dice clarísimamente que estos importes pueden suponer para muchos ciudadanos, con las dificultades económicas que se están viviendo, un gravísimo obstáculo para poder acceder a la Justicia”.
