viernes, noviembre 16, 2012

Conferencia "Declaración Tributaria Especial" a cargo del Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda






Conferencia: "Declaración Tributaria Especial"



El pasado miércoles 21 de noviembre de 2012 se realizó en el Cercle d´Economia de Lleida una conferencia que con el título "Declaración Tributaria Especial", la impartió el Excmo. Sr. D. Diego Martín-Abril y Calvo, Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

D. Diego Martín-Abril y Calvo nació en Valladolid el 30 de octubre de 1960, está casado y con 2 hijos. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Inspe
ctores de Hacienda del Estado. Es Inspector de Aduanas e Impuestos Especiales e Interventor y Auditor del Estado (en excedencia voluntaria).

La conferencia versó sobre la situación de aquellos que tengan bienes o derechos cuya titularidad se corresponda con «rentas no declaradas» en los impuestos que gravan la renta (IRPF, IS o IRNR) y que tienen la oportunidad de regularizar su situación tributaria por dichos impuestos mediante la presentación, hasta el 30 de noviembre de 2012, de la Declaración Tributaria Especial (DTE) modelo 750.

Presentó el acto, D. Eugenio Egea Cristófol, Abogado y Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona.







Como es habitual, se abrió a finales del acto un turno de preguntas, en el que se pudo consultar los aspectos que fueron de interés de los asistentes.

Lugar: Sala de actos del Cercle d'Economia de Lleida, calle Bonaire, 16 de Lleida

Organizó: Cercle d'Economia de Lleida







sábado, octubre 27, 2012

Visita al Grupo Borges

El pasado 26 de octubre de 2012, el Cercle d´Economía de Lleida organizó una visita al GRUPO BORGES y se pronunció una conferencia a cargo de D. Josep Pont Amenós, presentada por D. Eugenio Egea Cristófol





sábado, junio 30, 2012

Conferencia "Radiografía de la reforma financiera"


"En España hemos pasado de un sistema financiero que se creía de los más sólidos del mundo a una necesidad de rescate masivo".


Dr. Joan Tugores Ques
Catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona
y Ex Rector de la Universidad de Barcelona

Por el camino se han quedado instituciones financieras con tradición y el proceso aún está muy abierto. La apelación a Europa es por un lado una necesidad pero por otro la constatación de que el diseño y la ejecución de la integración monetaria se hizo con errores e "ingenuidades" demasiado grandes, que ahora pasan una altísima factura. Especialmente en las economías como la catalana y española que necesitan con mayor profundidad y urgencia encontrar nuevas fuentes de generación de actividad, riqueza y empleo tras el fiasco del anterior "modelo de crecimiento", pero que se encuentran con el grifo del crédito cerrado.

¿Contribuyen las reformas financieras y su entorno a enderezar la situación?

¿En qué medida podemos esperar que los recursos del rescate se dirijan a reactivar la financiación a las actividades realmente productivas?

¿Qué reformas nacionales y europeas hacen falta para enderezar con efectividad la situación?

¿Estamos haciendo una "radiografía" del sistema financiero, o más bien una "anatomía patológica" o, en algunos casos, una "autopsia" de las finanzas?



El jueves 5 de julio de 2012 a las 19:30 horas se realizó una conferencia con el título "RADIOGRAFÍA DE LA REFORMA FINANCIERA", que presentada por D. Eugenio Egea Cristófol, Socio Fundador de EGEA ABOGADOS, estuvo a cargo del Dr. Joan Tugores Ques, Catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona y Ex Rector de la Universidad de Barcelona, y tuvo lugar en la nueva sede del Círculo de Economía de Lleida, Calle Bonaire, 16.

Como de costumbre, se abrió a finales del acto un turno de preguntas, en el que se pudo consultar los aspectos que fueron de interés de los asistentes.

Círculo de Economía de Lleida. Tel. 973 23 78 22 - correo electrónico: secre@cercle.net

viernes, abril 13, 2012

Conferencia sobre Internacionalización de Empresas: Importación y Exportación



El pasado jueves 19 de abril de 2012 a las 19:30 horas se realizó una conferencia con el título "INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN", que presentada por D. Eugenio Egea Cristófol, Socio Fundador de EGEA ABOGADOS, estuvo a cargo de D. Roberto L. Ruiz Scholtes, Executive Director. CFA. Director de estrategia de UBS Bank, y tuvo lugar en la nueva sede del Círculo de Economía de Lleida, Calle Bonaire, 16.




En la sesión se hizo un detallado análisis de la situación económica, fiscal, crediticia e inmobiliaria de España y del resto del mundo, con especial énfasis en los mercados emergentes. A continuación se destacaron las principales oportunidades de negocio que UBS Bank identifica a nivel global y las principales tendencias en la industria y comercio internacional.

Como de costumbre, se abrió a finales del acto un turno de preguntas, en el que se pudo consultar los aspectos que fueron de interés de los asistentes.

Círculo de Economía de Lleida. Tel. 973 23 78 22 - correo electrónico: secre@cercle.net

domingo, mayo 15, 2011

¡Más dinero para las pymes!



El ejemplo de Francia

La figura del mediador de crédito facilitaría la financiación que hoy se niega a muchas empresas.

En “La Vanguardia” de hoy domingo 15 de mayo de 2011 aparece un interesante artículo firmado por Jordi Goula, Licenciado en Ciencias Económicas y Filosofía por la Universidad de Barcelona y periodista de “La Vanguardia”. Durante doce años fue Director del Servicio de Estudios de Banca Mas Sardá. En la actualidad lleva 20 años en “La Vanguardia” como redactor de Economía. Coautor de dos libros “La sociedad del conocimiento y “La industria en España”. Es profesor de periodismo económico en el Master de Periodismo de la Columbia University.

D. Eugenio Egea Gaeta, Socio Director de EGEA ABOGADOS, entiende que se debería reinventar el proceso de solicitud del crédito, que hasta ahora lo capitaneaban los bancos, trasladando a otros profesionales de la intermediación para que en nombre de las empresas puedan tramitar convenientemente y conseguir la firma de esas operaciones crediticias, sea en la propia banca, o bien con otros actores financieros que puedan prestar capital privado.

Creemos que puede ser una gran aportación para todas aquellas empresas y autónomos que actualmente están solicitando líneas de crédito y financiación y se encuentran con la negativa de la banca de concederlas.


Nos dice Jordi Goula en su artículo que la eficacia de la figura del mediador del crédito, que funciona bien en Francia, reside en el hecho de que cada expediente es objeto de un examen individual detallado. Es un proceso simple, rápido, gratuito y totalmente confidencial.

El objetivo que persigue es salvar empresas y empleo, y acercar posiciones, sin poner en riesgo a nadie. La decisión vinculante obliga a la entidad financiera. Su mera existencia hace que muchos bancos se replanteen el análisis de expedientes para decidir un crédito.

Jordi Goula, en su artículo expone que a finales del mes de abril se conocían dos encuestas sobre la restricción del crédito a las pymes. Una, la del Consejo de Cámaras de Comercio, que apuntaba que el 87% de las empresas habían tenido dificultades a la hora de conseguir financiación bancaria en el primer trimestre del año, con el aumento de garantías requeridas como aspecto destacado. La otra, el Banco Central Europeo con referencia a los países de la eurozona, apuntaba a que en el segundo semestre del año 2010, sólo el 50% de las empresas españolas había obtenido los créditos solicitados, frente al promedio del 66% en la Unión Europea y el 79% de Alemania. Pocos días después, y por este orden, Alfredo Sáenz –consejero delegado del Banco Santander-, el Banco de España y el BBVA lanzaban el mensaje de que el crédito seguirá a la baja en los próximos meses. “España debe desapalancarse”, ese es el mensaje unidireccional de las entidades financieras. Bien, estamos muy endeudados, pero las empresas necesitan circulante, es lo que piden el 92% de las que acuden al banco. ¿Vamos a parar el país y destruir la red empresarial por el necesario desapalancamiento, por cierto muy asimétrico?.

En una reciente jornada del Colegio de Economistas, Josep González, presidente de Pimec, aseguró que un 30% de pymes y autónomos que han desaparecido en los últimos tiempos ha sido por motivos estrictamente financieros. ¿Dónde está el fin?

Para David Garrofé, secretario general de la Cecot, hay que actuar con urgencia; de hecho, ya se debiera haber hecho. “Una vez vemos que el sistema implantado en España con la financiación a través del ICO no funciona como sería de desear, hay que mirar qué se ha hecho fuera”. Y en la Cecot se han fijado en la figura del mediador del crédito que crearon en Francia a finales del 2008, con resultados más que aceptables. Tanto es así, que acaban de de renovar la figura por dos años más. El Gobierno francés dice que desde noviembre del 2008 hasta ahora se han salvado unas 14.000 empresas, con unos empleos cercanos a los 250.000. Garrofé ha extrapolado la situación de Francia a Cataluña y llega a la conclusión de que si se hubiera aplicado aquí, el impacto habría sido la consolidación de 2.500 empresas y salvar unos 40.000 empleos. “No es la panacea, por supuesto, pero sería una ayuda nada desdeñable para las pymes, sin coste para el contribuyente”.

Según Garrofé, para instaurar en Cataluña esta buena práctica se necesitaría la complicidad de todos los agentes implicados: Govern, entidades financieras y empresas. “La propuesta pasa por que el Govern lidere un pacto entre las entidades que quieran adherirse a este mecanismo y facilite la creación de una red. Esta red, que debe ser territorial, puede organizarse a través de las organizaciones empresariales ya existentes”, prosigue.

Hay que decir que Francia puso en marcha la figura del mediador del crédito, paralelamente a las ayudas al sector bancario, y condicionó desde el primer momento estas ayudas al compromiso de los bancos con el sector empresarial con una sola idea: tratar de garantizar que las empresas francesas no sufrieran una crisis crediticia que cuestionara su viabilidad y la de miles de puestos de trabajo. Es decir, el Gobierno de Sarkozy utiliza la mediación como instrumento de presión sobre los bancos para reconducir a la economía real los créditos que el Estado les da. “Esta es la clave”, apunta el secretario de la Cecot. “Los bancos, a cambio de esta inyección, se comprometen a realizar un acompañamiento más cercano en el desarrollo de un proyecto de crédito empresarial y valorar de forma preferente la viabilidad del mismo y del equipo emprendedor, por encima de los avales”.




Pero volvamos al planteamiento para Cataluña y de la patronal vallesana. “El mediador del crédito debería estar coordinado por las Conselleries d´Empresa i Economia, aprovechando las delegaciones territoriales de la Generalitat en las diferentes comarcas, con el soporte de los técnicos de la administración para evaluar los análisis técnicos que planteen los asesores”.

La propuesta de la Cecot plantea como estructura de la mediación un razonable equipo de diez mediadores, delegados por el Govern en las comarcas de Barcelona (siete), de Girona, Lleida y Tarragona (uno en cada una). El complemento estructural sería un entramado de redes socioprofesionales y empresariales en todo el territorio. “Se podrían movilizar 100 entidades empresariales y profesionales acreditadas para acompañar a las empresas que decidan iniciar un proceso de mediación, para ayudarlas a definir sus necesidades de financiación y a confeccionar el expediente de mediación”. Hay que decir que al mediador pueden dirigirse aquellas pymes que han visto rechazada su demanda de crédito en alguna entidad.

Por último, señala, que la mediación debería reunir a su alrededor los actores principales de la financiación empresarial, firmando diversos compromisos y acuerdos con bancos, aseguradoras de crédito e inversores de capital. ¿Cómo?. El procedimiento se explica a continuación:






LAS CINCO ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Según la propuesta de la Cecot, inspirada en Francia, el proceso de mediación del crédito se puede desarrollar en cinco etapas:

1.- Introducción del expediente vía on line. Alta a través de la Web del mediador.

2.- Admisión del expediente. En 48 horas, el mediador territorial se pondrá en contacto con la empresa para comunicarle si ha admitido a trámite, o no, el expediente.

3.- Información de los bancos. Se informaría a los bancos de la apertura de un proceso de mediación y dispondrán de cinco días para revisar el caso.

4.- Mediación: acercamiento de posiciones. Pasado el plazo de revisión por parte de las entidades financieras, el mediador local retomaría el contacto con los responsables de la empresa y los bancos para identificar y resolver los problemas de bloqueo. El mediador podría consultar igualmente otros actores financieros.

5.- Proposición del mediador. El mediador informará a la empresa de las soluciones propuestas. Si la empresa no las ve satisfactorias, podría solicitar la revisión del expediente.

Conferencia GAESCO





El pasado jueves 14 de abril pronunció una conferencia D. Jaume Puig de GAESCO en el Cercle d´Economia de Lleida, que fue presentada por D. Eugenio Egea Cristófol.

martes, diciembre 28, 2010

El Código Penal y las empresas

Artículo aparecido el viernes 24 de diciembre de 2010 en la sección de Economía del periódico "La Vanguardia", página 63

Autores: Pau Molins y Jesús-María Silva, socios de Molins & Silva

A principios de esta década, y con ocasión del escándalo financiero de Enron, la empresa internacional de auditoría Arthur Andersen fue condenada por un tribunal federal penal de Estados Unidos. Y aunque la condena fue luego revocada por el Tribunal Supremo de aquel país, en el ínterin la firma perdió la mayor parte de sus clientes y desapareció.

Algo así era, hasta el momento, imposible en España. Pero a partir de ayer, la presunta comisión de un delito en el marco de una persona jurídica puede dar lugar a que aquél se impute no sólo a los directivos que presuntamente lo hayan cometido, sino también a la propia entidad. Eso sucederá, en primer lugar, cuando quien presuntamente haya cometido el delito sea administrador de hecho, de derecho o representante habiendo obrado en nombre o por cuenta y, en todo caso, en provecho de la empresa.

Pero, en segundo lugar, el delito puede imputarse también a la persona jurídica cuando el hecho haya sido supuestamente cometido por un subordinado sobre quien los mencionados superiores no hayan ejercido el debido control. En determinadas circunstancias, cabe incluso que el delito se impute exclusivamente a la persona jurídica.

En los tres casos, la empresa podrá ser imputada, acusada y eventualmente condenada a penas que alcanzan desde elevadas sanciones pecuniarias hasta la disolución, pasando por la suspensión o prohibición de actividades, cierre de establecimientos o intervención, entre otras. Los delitos que pueden conducir a la responsabilidad penal corporativa son la práctica totalidad de los delitos patrimoniales y socio-económicos.

¿Cómo puede prevenir la empresa escenarios de tales características? Reina un amplio acuerdo acerca de que una decisión corporativa adecuada para evitar la imputación de la persona jurídica –lo que nunca estará garantizado– o, en todo caso, para minimizar sus consecuencias, es la implantación de un programa de cumplimiento normativopenal (criminal compliance program).

Un programa de autorregulación en materia de riesgos penales, si se lleva a la práctica de modo efectivo, puede poner de relieve que se han adoptado las medidas de debido control que la ley exige, situando a la empresa en buena posición para desvincularse del delito que pueda haberse cometido desde su estructura. La cuestión, sin embargo, no acaba aquí. En el futuro, nos acostumbraremos a ver auditorías preventivas (due diligence) penales, con las que se tratará de prevenir el
hecho de que la responsabilidad penal se transmite a través de fusiones y absorciones, entre otras operaciones societarias. Parece claro, en todo caso, que el Derecho penal de la empresa ha dejado de ser exclusivamente procesal, para integrarse en el ámbito de las políticas corporativas de prevención. De ahí
que la prevención penal deba entrar cuanto antes en la agenda del 2011 de los empresarios que pretenden preservar el valor competitivo de su empresa frente a incidencias indeseables.

sábado, noviembre 13, 2010

Anatomía de un ajuste económico inevitable



El pasado jueves 11 de noviembre de 2010 en el salón de actos del Cercle d'Economia de Lleida se dió la conferencia "Anatomía de un ajuste económico inevitable", a cargo de D. Roberto Ruíz Scholtes, Director de Estrategia de UBS Bank S.A.
La jornada fue presentada por D. Eugenio Egea Cristófol, Abogado y Profesor de Derecho Mercantil, y moderada por D. Juan Hernández de Lorenzo, Director Territorial de UBS Bank.



La conferencia sirvió para analizar la actual situación económica y analizar las causas que han llevado al actual periodo de recesión.








miércoles, abril 28, 2010

Presentada la demanda de 2.000 ecuatorianos afectados por Air Comet



El Embajador del Ecuador en España, Galo Chiriboga Zambrano, junto con el representante en España de la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), Oscar Jara, acudieron hoy al Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Madrid, para presentar la demanda de 2.000 ecuatorianos afectados por el cierre de la aerolínea Air Comet.


El abogado José Luis Espinar acudió al juzgado juntamente con el jefe de la Misión Diplomática ecuatoriana y el representante de la SENAMI en España. De acuerdo con las gestiones realizadas conjuntamente por la Embajada ecuatoriana y los Consulados de Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Palma de Mallorca, las personas afectadas firmaron poderes colectivos para que la SENAMI les represente en el Concurso de Acreedores de Air Comet.


En total fueron 1.050 personas las que firmaron su reclamación colectiva en España, y a ellas se sumaron otras 400 que lo hicieron en el Ecuador, así como los menores de edad que fueron representados por sus padres. Cada persona afectada reclama a la aerolínea un promedio de 1.200 euros por el valor del billete aéreo y la indemnización, por lo que se calcula que el monto de las reclamaciones de los ecuatorianos a Air Comet asciende a 2,5 millones de euros.

miércoles, noviembre 11, 2009

Hacia un Estado policial


Publicado en "ABC", el miércoles 11 de noviembre de 2009


RAMÓN C. PELAYO Abogado del Ilustre Colegio de Madrid

El mundo jurídico y, especialmente, la Abogacía, se encuentra en un estado de «alarma constitucional» como consecuencia de la decisión de un Magistrado de la Audiencia Nacional de intervenir todas las comunicaciones que pudieran producirse entre unas personas imputadas y detenidas y sus abogados defensores, con la sola justificación de que, en las actividades supuestamente delictivas de los imputados, «pudieran haber intervenido letrados». Esta resolución judicial supone una gravísima intromisión en dos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad personal y el derecho a la defensa de los detenidos quebrantándose, en este último supuesto, el secreto profesional y la relación de confidencialidad entre el abogado y su cliente.


Siendo indiscutido que esta decisión afecta seriamente a derechos fundamentales, corresponde razonar si es o no legítima en un Estado de Derecho y, consecuentemente, si está o no justificada la «alarma constitucional» creada. La intromisión en el derecho de intimidad personal, en general, ha sido (y es) una de las asignaturas pendientes de nuestro legislador. La regulación de las intervenciones telefónicas, telemáticas, etc., es deficiente, incompleta y carente de la necesaria seguridad jurídica, hasta el punto que han tenido que ser el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los que, supliendo la desidia del Parlamento, han enumerado los requisitos que debe reunir la autorización judicial para que sea válida. Sin embargo, en muchas ocasiones (demasiadas, para un Estado democrático) no se cumplen estos condicionantes dando lugar a órdenes de intervención sin los necesarios indicios; sin el control y la seguridad precisa; sin proporcionalidad y sin determinar, con claridad, sus límites; intromisiones ilegítimas que van prorrogándose en el tiempo de forma casi automática.

El procedimiento es muy similar en los casos en que esta agresión se ha producido: informe policial que nadie coteja ni comprueba y que expresa meras «sospechas», claramente insuficientes para justificar tan grave decisión, y -lo que es peor- valoraciones jurídicas a cargo de quien carece de formación para ello; propuesta de intervención telefónica y/o telemática; aceptación inmediata y casi automática de la propuesta por el órgano instructor; falta de control adecuado y pasividad -cuando no, colaboración- del Ministerio Fiscal. España ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulnerar la intimidad de los ciudadanos mediante estos procedimientos (alguna de estas condenas existentes fueron provocadas por el mismo Magistrado cuya decisión ha motivado la actual reacción de la Abogacía). Pues bien, ni las condenas de Estrasburgo, ni las advertencias de nuestro Tribunal Constitucional han movido al legislador a elaborar una norma que regule los supuestos en los que se puede ordenar, con respeto de los derechos y libertades fundamentales, tan excepcional medida de investigación.

Es fácil entender lo «útil» que es, para la eficacia del «ius puniendi» del Estado, la utilización de estos instrumentos tecnológicos, cada vez más sofisticados e incontrolables (es la eterna lucha entre la seguridad y las libertades), pero un Estado democrático y social de Derecho no puede permitirse el lujo de, en aras de una supuesta eficacia policial, sacrificar las más sagradas e intangibles libertades. El Estado moderno tiene suficientes procedimientos y medios de investigación para perseguir el delito, sin tener que acudir a vías que yo calificaría como verdaderas «torturas de derechos». Lo anterior se agrava, hasta límites inaceptables, cuando la intromisión en el derecho a la intimidad se «complementa» con una vulneración directa del derecho a la defensa ordenándose, no ya que se intervengan las comunicaciones personales del sospechoso, sino que dicha intervención se extienda a las que mantenga con su abogado defensor.
Aquí ya no cabe discusión posible sobre la legitimidad o ilegitimidad de la medida: es indiscutiblemente ilegítima. Nuestro legislador, ante la certeza de que algunos abogados de miembros integrantes de bandas terroristas llevaban a cabo funciones que excedían del estricto ámbito profesional, permitió -con carácter restrictivo y extraordinario- que se pudieran intervenir las conversaciones con sus clientes, previa autorización judicial y sólo en relación con delitos de terrorismo; la interpretación perversa e interesada de esta norma pretende sostener que basta la autorización judicial (aunque no se trate de delitos de terrorismo) para quebrantar el derecho de defensa destruyendo, de esta manera, el último bastión de resistencia de las libertades constitucionales. No nos engañemos, sin derecho a la defensa no existe ninguna otra libertad, salvo que éstas se entiendan (y algunos así lo hacen) como graciosas concesiones del Poder, que las otorga o suprime con arreglo a conveniencias políticas del momento o a las finalidades, de cualquier orden, que se persigan.



















Las intervenciones así ordenadas, no sólo no cumplen los más elementales requisitos para considerarlas «legítimas» sino que, mucho más allá, dejan a los imputados indefensos y ello, además de ser constitucionalmente inaceptable, supone un malicioso «engaño» al que no puede prestarse un Estado de Derecho; el imputado cree que está hablando con su abogado cuando, en realidad, en base a una mera «sospecha» policial (mediante el manido y grosero recurso de «criminalizar» al letrado), está manteniendo una «conversación entre sospechosos», intervenida por la policía, sin justificación, razonamiento, ni control alguno, gracias a una autorización judicial radicalmente nula. Si existen indicios de criminalidad suficientes contra un abogado, debe ser imputado (y notificado), sin permitir, en ningún momento, que lleve a cabo actuaciones de defensa de otros imputados para las que, además, en muchos casos, sería incompatible por poder existir un conflicto de intereses. Lo que un Estado libre jamás puede permitir es que la violación del principio de confidencialidad abogado-cliente se transforme en una vía para llevar a cabo investigaciones que, sin la vulneración de estas libertades, serían más trabajosas (¿acabarán poniendo micrófonos en los confesionarios?).

Es humanamente comprensible que, cuando mentalidades poco sensibles a los principios democráticos ejercen el poder, se pretenda justificar el sacrificio de las libertades en aras de una supuesta eficacia en la persecución del delito pero, democráticamente hablando, es inaceptable; aberrante; una verdadera patología moral y jurídica que debe ser definitivamente extirpada de la conducta de nuestros poderes públicos. Esta insensibilidad que permite la intromisión del Estado en los más recónditos ámbitos del individuo y en el angular derecho de defensa produjo, en los años 40, en los Estados Unidos, una situación tal de corrupción policial (apareciendo verdaderos «clubes de chantaje») que se tardaron años en extirpar un cáncer que amenazaba a la propia subsistencia de una sociedad libre.

Llevar los intereses proteccionistas del Estado hasta estos extremos nos conduce, inexorablemente, a la degeneración del sistema y, a la postre, a un Estado represor cuya sombra empieza ya a dibujarse en el horizonte.

Conductas como la que aquí se reprueba no sólo son incompatibles con nuestro sistema político sino que llevan a un resultado contrario al supuestamente perseguido, es decir, provocan la impunidad de actuaciones delictivas en base a la nulidad de las hipotéticas pruebas así obtenidas (cui prodest?). Debemos aplaudir la reacción de la Abogacía española y europea ante tan brutal agresión a nuestra Constitución y recordar que los abogados hemos sido siempre, en toda época, los últimos bastiones de defensa de las libertades y derechos democráticos y por ello seremos siempre objetivo de los que pretenden llevarnos a un Estado policial.

No es una cuestión gremialista ni defendemos un negocio; hablamos de la protección de las libertades y derechos que son la columna vertebral de nuestra democracia.









sábado, abril 25, 2009

Barcelona acapara 1 de cada 5 concursos de acreedores en España















Madrid ocupa el segundo lugar, con el 13% del total, en el baremo de PricewaterhouseCoopers (PwC).

La cantidad de empresas que se ven incapaces de hacer frente a sus deudas y acaban solicitando un procedimiento concursal, la antigua suspensión de pagos, se ha incrementado el 238% durante los primeros tres meses de este año. Y Cataluña es la comunidad autónoma española que entre enero y marzo ha registrado un mayor número de concursos: un total de 349. Esta cifra supone una cuarta parte de todos los presentados en España en el mismo periodo, según consta en el baremo concursal que elabora cada trimestre la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sólo la provincia de Barcelona acapara una quinta parte de todos los procedimientos concursales presentados en España durante el trimestre.

Las empresas de la construcción, las inmobiliarias, los grupos industriales y las compañías de distribución son las que registran más concursos. Madrid arroja 182 concursos (el 13% del total en la provincia única), seguida de la Comunidad Valenciana, cuya economía está particularmente vinculada a la construcción, con 166 (la provincia de Valencia, el 6% del total), y de Andalucía, con 138.

En parte, la gran cantidad de empresas radicadas en la comunidad autónoma puede explicar que, un trimestre tras otro, esté en cabeza. Pero el peso de Cataluña en los procedimientos concursales va a más (en 2008, supuso el 23% y en el primer trimestre de 2009, el 25%). En todo el año 2008.

Que se disparen las declaraciones de concursos no significa el fin de esas empresas, sobre todo tras la entrada en vigor de la ley que sustituyó la vieja regulación de las quiebras y suspensiones de pagos. El nuevo procedimiento es único y en teoría pretende agilizar el cobro de las deudas (de modo que da tranquilidad a los bancos y cajas a los que se adeuda dinero, entre otros acreedores). Y, sobre todo, apuesta por intentar asegurar la continuidad de las empresas y de los puestos de trabajo de las empresas en concurso, que en toda España ha afectado a 27.947 personas hasta el 31 de marzo.

sábado, diciembre 20, 2008

Los juzgados mercantiles de Barcelona colapsados


Los jueces mercantiles de Barcelona acusaron ayer a la Conselleria de Justícia de "ser el único responsable" del colapso que padecen estos órganos judiciales que tramitan concursos de acreedores (antiguas quiebras y suspensiones de pagos), al dejar si efecto las medidas de refuerzo que se habían establecido en cuatro de los seis juzgados existentes.En un duro comunicado, los jueces mercantiles denuncian la absoluta "falta de apoyo" por parte de Justícia y sostienen que el comportamiento de la conselleria "evidencia en estos momentos de grave situación económica que entre sus prioridades no se encuentran las empresas en crisis ni los trabajadores despedidos".

Las previsiones de trabajo se han visto desbordadas y, según aseguran, para situarse a niveles aceptables se necesitarían 12 juzgados más y no dos, como esta previsto para el 2009. El 80% de los expedientes de regulación de empleo de Catalunya se tramitan en Barcelona.

Los jueces destacan que en una situación de crisis su objetivo es contribuir a salvar el mayor número posible de empresas y de puestos de trabajo, pero parece "obvio" que Justícia "no lo comparte". "Ha renunciado a apoyarnos", subraya el comunicado. Un portavoz de la conselleria explicó que los refuerzos no son permanentes, sino para un periodo de tiempo concreto y por causas excepcionales. Recordó que el Govern aprobó hace unos meses la restricción de personal en la Administración autonómica.

domingo, diciembre 07, 2008

La política económica contra la crisis

Alejandro Pedrós aconseja un pacto de estado para crear la política económica anticrisis


Alexandre Pedrós i Abelló, experto en economía y catedrático de Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, segura que es necesario un pacto de estado “como el de 1977” para afrontar la crisis y crear una política económica que permita realizar medidas efectivas.
La conferencia tuvo lugar el jueves 11 de diciembre de 2008, a las 20:00 horas de la tarde en el salón de actos del Cercle d´Economia de Lleida, en la Calle Nadal Meroles, nº 20 de Lleida en donde se celebró la conferencia sobre "La política económica contra la crisis". La ponencia estuvo a cargo del Dr. D. Alejandro Pedrós Abelló. Presentó el acto D. Eugenio Egea Cristófol, socio fundador de nuestro despacho.

El Dr. D. Alejandro Pedrós Abelló es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Síndico de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Así lo transmitió ayer en la rueda de prensa previa a su conferencia La política econòmica contra la crisi, realizada en el Cercle d’Economia de Lleida. Asimismo, criticó la actuación del Gobierno socialista ante la crisis y aseguró que “los planes que ha puesto en marcha el Gobierno han sido demasiado pequeños y descoordinados”, y tachó de disparate medidas como la deducción de los 400 euros o el fondo de inversión para los municipios.

En la conferencia, Pedrós hizo un análisis de cómo apareció la crisis, que asegura que es exclusivamente financiera e internacional, y repasó las actuaciones de Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Central e Inglaterra, esta última, la nación más acertada en sus políticas, según Pedrós. Tras esto, Pedrós intentó vislumbrar la política económica que tendría que llevarse a cabo.Aseguró que se requieren reformas estructurales, equilibrio exterior y tipos de interés acordes con las tasas de inflación. Asimismo, planteó una reforma de los Presupuestos Generales del Estado, que el considera “fuera de toda realidad” en cuanto a las hipótesis adoptadas por el crecimiento del PIB y de la tasa de paro entre otros puntos.

domingo, junio 29, 2008

RUMBO A ESTAMBUL

EGEA ABOGADOS va a firmar una serie de acuerdos con empresas turcas que pretenden introducirse comercialmente en España. Para ello una delegación de nuestro despacho viajará a Turquía durante el próximo mes de julio a fin de entrevistarse con varias compañías con sede en Estambul que precisan asesoramiento jurídico en derecho internacional.


A raíz de estas visitas entablaremos reuniones con nuestro corresponsal en Estambul y Ankara para coordinar el asesoramiento jurídico a las empresas.


D. Carlos Gaeta, Economista de nuestro despacho, con gran experiencia profesional en el país otomano, lidera la organización de las reuniones que se realizarán al más alto nivel.






Con ocasión de estas jornadas profesionales, varias empresas clientes del despacho, se han interesado por comercializar sus productos en Turquía, por lo que se aprovechará dicho viaje para poner en relación a todos los operadores mercantiles en aras a que se produzcan operaciones comerciales de importación y exportación entre España y Turquía con resultados económicos satisfactorios para ambas partes.


El nuevo Embajador de España en Turquía, D. Joan Clos y el Agregado Comercial recibirán a la delegación de nuestro despacho en la Embajada de España, Calle Abdullah Cevdet Sokak, 8 de Ankara el próximo jueves 10 de julio.


jueves, mayo 08, 2008

LA BOLSA Y EL CICLO ECONÓMICO


"El ciclo de crisis será más corto de lo esperado"

El Presidente de la Bolsa de Barcelona y Catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, Dr. Joan Hortalá, ofreció el pasado jueves 8 de mayo de 2008 la ponencia "La Bolsa y el ciclo económico" en el Cercle d´Economia de Lleida, donde repasó los principales aspectos de la actividad bursátil.

Hortalá declaró que el estado actual de la bolsa es un fiel reflejo de la salud de las empresas, perjudicada por la inestabilidad y la desaceleración del crecimiento de la economía. La evolución del mercado de valores depende también, dijo, de las políticas nacionales, la propia evolución mundial y el peso de las autoridades comunitarias. Por otro lado, Hortalá destacó que la decisión del Banco central Europeo de mantener los tipos de interés al 4% supondría un elemento decisivo en la evolución de la inflación, marcada siempre por el estado de la bolsa estadounidense. Sobre la crisis del sector de la construcción, afirmó que se trata de un ciclo más corto de lo que se espera.

Presentó el acto, D. Eugenio Egea Cristófol, socio fundador de nuestro despacho








miércoles, abril 16, 2008

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Conferencia sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Situación para Cataluña y para el resto de Comunidades.

El pasado jueves 3 de abril de 2008, en el marco del Cercle d´Economia de Lleida se celebró una conferencia sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y su situación para Cataluña y para el resto de Comunidades.

La ponencia estuvo a cargo de D. Pablo Torrano, abogado y Socio de Garrigues. Moderó la conferencia D. Oscar Novell Sabaté, Director de Banca Personal de Caixa Terrassa en Lleida. Presentó el acto D. Eugenio Egea Cristófol, socio fundador de nuestro despacho.

domingo, marzo 02, 2008

Cena de Sant Raimon de Penyafort



El pasado viernes 29 de febrero tuvo lugar la cena de Sant Raimon de Penyafort, que celebra cada año la Delegación en Arenys de Mar del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Asistió la Decana Dª. Silvia Giménez-Salinas, así como el Delegado D. Xavier Masclans. En la cena D. Eugenio Egea Gaeta, Socio Director de nuestro despacho pudo debatir con la Decana muchos aspectos relativos a la profesión que preocupan en gran manera a los abogados.

viernes, febrero 01, 2008

RUMBO A BRUSELAS

Este mes de de febrero de 2008 partiremos rumbo a Bruselas para mantener una reunión en la Delegación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para debatir varios temas que nos preocupan tanto por el ejercicio libre de la profesión y derivados de casuísticas propias de nuestros clientes, así como cuestiones que afectan a los ciudadanos españoles como son la efectividad de la administración de la justicia, y la valoración de la gestión por parte de los Colegios de Abogados de la justicia gratuita y el intervencionismo que estamos padeciendo por parte de la administración, que atenta gravemente a la independencia y el secreto profesional del abogado. También queremos conocer de primera mano las políticas europeas conjuntas en cuanto a Derecho de Extranjería y todo lo referente a la actuación de los Estados ante los movimientos migratorios y su integración en Europa.

En cuanto a la práctica del ejercicio de nuestra profesión, acudimos a Bruselas para conocer más de cerca las políticas de actuación de la Unión Europea con respecto a los conflictos entre "marcas" y "nombres de dominio" en internet que padecen fundamentalmente las empresas a nivel internacional. Aparte de intentar resolver los contenciosos de nuestras empresas clientes españolas, está previsto desarrollar entrevistas con varias empresas belgas y francesas que actualmente tienen conflictos a nivel europeo con respecto a la protección de su imagen, su marca y su espacio virtual en la red.

Unas veces está protegida la marca o bien el dominio en internet en el propio país pero a la hora de abrir sucursales en otros países o ampliar la cobertura jurídica de la empresa se encuentran que terceros han invadido su terreno en la red por lo que es necesario proteger esos derechos mediante el arbitraje o iniciar acciones judiciales en los Tribunales competentes cuando así se requiera. Nuestro despacho, que está especializado en este tipo de conflictos presta asesoramiento así como solución jurídica en cada caso.

El pasado 18 de enero la Comisión Permanente del CGAE eligió al Decano del Colegio de Abogados de Baleares, D. Juan Miguel Font Servera, como nueve jefe de la delegación de la abogacía española en Bruselas.

La delegación del CGAE en Europa se creó en el año 1994 como un enlace entre el abogado español y las instituciones comunitarias y con la clara voluntad de participar activamente en la construcción de la Europa del Derecho y, desde entonces, se ha convertido en un organismo esencial para defender los intereses de los letrados y de los ciudadanos de España en el seno de la Unión Europea.

Entre las funciones que lleva a cabo la delegación figura la de dar a conocer, defender y representar los posicionamientos de la abogacía española ante las instituciones comunitarias y la de gestionar y presentar proyectos comunitarios relacionados con la mejora de las condiciones del ejercicio profesional, el mantenimiento y el desarrollo del derecho de defensa y el aceso a la justicia en la UE.

Así, la delegación interviene en los procesos legislativos de la Unión; participa en las audiencias y las consultas realizadas en defensa de los principios deontológicos y relacionadas con un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y gestiona programas comunitarios cuando éstos requieren la implicación de la Abogacía.

La orientación profesional y la información són también tareas esenciales de la delegación del Consejo General de la Abogacía Española en Bruselas y, en este sentido, entre otras actuaciones, esta entidad responde las consultas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones o el desarrollo de las decisiones europeas; informa a los ciudadanos y a los abogados sobre cómo acceder a la justicia gratuita, y ofrece orientación completa a los letrados que desean prestar sevicios en Bruselas.
Además, la delegación mantiene un sistema de información constante con los abogados mediante la elaboración de documentos e informes relacionados con temas de interés para la profesión y, a través de la difusión del boletín semanal Europa en Breve, una publicación de gran aceptación entre los profesionales, ya que proporciona información permanentemente actualizada sobre las novedades principales que se producen en los ámbitos profesional, normativo y jurisprudencial de alcance comunitario.

Cabe indicar que una gran parte del trabajo de la delegación permanente del CGAE en Bruselas guarda relación estrecha y directa con la intensa actividad que lleva a cabo el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), máximo órgano de la Abogacía Europea.

martes, enero 29, 2008

PERSPECTIVAS 2008



El jueves 31 de enero de 2008 a las 19:00h. se realizó una conferencia a cargo de D. Roberto Ruíz Scholtes, Director de Estrategia de UBS en España, en el Salón de Actos del Cercle d´Economia de Lleida, en donde se analizaron las perspectivas económicas y bursátiles para el año 2008. Presentó el acto D. Eugenio Egea Cristófol.



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El IPC, en su peor tasa desde 1997 mientras baja el Euribor

La tasa de inflación interanual subió una décima en enero hasta el 4,4%, debido principalmente al encarecimiento del petróleo y los alimentos, según el Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado del INE. De confirmarse esta cifra el 15 de febrero, se trataría de la tasa más alta de inflación armonizada desde 1997, fecha en la que comenzó a elaborarse este indicador, y superaría en dos puntos a la de enero del pasado año. El Gobierno reiteró que los precios seguirán subiendo hasta marzo.
Por otra parte, la bolsa española concluyó el peor mes de enero de su historia con una caída del 12,87%, causada por el miedo a que EEUU entre en recesión.

Mientras, el Euribor, el indicador que más se utiliza en España para fijar el precio de las hipotecas, se situó en enero en el 4,98%, el valor más bajo desde mayo de 2007. Sólo notarán la rebaja mínimamente quien revise su hipoteca semestralmente, dado que hace un año el Euribor era inferior. Para revisiones anuales, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años subirá de 797 a los 833 euros.

martes, enero 22, 2008

Eugenio Egea Cristófol en RADIO INTERECONOMÍA















El pasado viernes día 15 de febrero de 2008 acudió D. Eugenio Egea Cristófol, Socio Fundador de EGEA ABOGADOS como contertulio a los estudios de RADIO INTERECONOMÍA para intervenir en el programa de radio "Economia entre amigos" que se emite de 19 a 20h. de la tarde.

Entre los temas que se trataron se estudió la situación económica actual, en momentos de cambios mercantiles y contables, con el trasfondo electoral.

Aparte de D. Eugenio Egea que representa al CÍRCULO DE ECONOMÍA DE LLEIDA, estuvo presente también como contertulio D. Jordi Alberich, Director del CÍRCULO DE ECONOMÍA DE BARCELONA. Presentó el programa de radio D. José Mª Gay Saludas.

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RADIO INTERECONOMÍA
Frecuencia Radio Digital: Barcelona 10A/ 8A/ 11B
Frecuencia Radio Analógica: Barcelona 98.3

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