sábado, abril 25, 2009

Barcelona acapara 1 de cada 5 concursos de acreedores en España















Madrid ocupa el segundo lugar, con el 13% del total, en el baremo de PricewaterhouseCoopers (PwC).

La cantidad de empresas que se ven incapaces de hacer frente a sus deudas y acaban solicitando un procedimiento concursal, la antigua suspensión de pagos, se ha incrementado el 238% durante los primeros tres meses de este año. Y Cataluña es la comunidad autónoma española que entre enero y marzo ha registrado un mayor número de concursos: un total de 349. Esta cifra supone una cuarta parte de todos los presentados en España en el mismo periodo, según consta en el baremo concursal que elabora cada trimestre la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sólo la provincia de Barcelona acapara una quinta parte de todos los procedimientos concursales presentados en España durante el trimestre.

Las empresas de la construcción, las inmobiliarias, los grupos industriales y las compañías de distribución son las que registran más concursos. Madrid arroja 182 concursos (el 13% del total en la provincia única), seguida de la Comunidad Valenciana, cuya economía está particularmente vinculada a la construcción, con 166 (la provincia de Valencia, el 6% del total), y de Andalucía, con 138.

En parte, la gran cantidad de empresas radicadas en la comunidad autónoma puede explicar que, un trimestre tras otro, esté en cabeza. Pero el peso de Cataluña en los procedimientos concursales va a más (en 2008, supuso el 23% y en el primer trimestre de 2009, el 25%). En todo el año 2008.

Que se disparen las declaraciones de concursos no significa el fin de esas empresas, sobre todo tras la entrada en vigor de la ley que sustituyó la vieja regulación de las quiebras y suspensiones de pagos. El nuevo procedimiento es único y en teoría pretende agilizar el cobro de las deudas (de modo que da tranquilidad a los bancos y cajas a los que se adeuda dinero, entre otros acreedores). Y, sobre todo, apuesta por intentar asegurar la continuidad de las empresas y de los puestos de trabajo de las empresas en concurso, que en toda España ha afectado a 27.947 personas hasta el 31 de marzo.